El 30 de junio de 2008, el presidente George W. Bush firmó y convirtió en ley la Iniciativa Mérida—mejor conocida como Plan México—unos días después de que el Congreso de EEUU la aprobara como parte de la Ley de Asignación de Fondos Suplementarios para Irak. La medida tuvo que adoptar varias versiones preliminares antes de que ambas cámaras finalmente la aprobaran, mientras legisladores iban y venían entre la administración Bush y el gobierno del presidente de México Felipe Calderón para resolver objeciones ahora centradas en los derechos humanos.
En la versión final, aun las débiles condiciones que se habían incorporado a la iniciativa quedaron eliminadas. Ambos gobiernos se proclamaron satisfechos con el acuerdo, y el Congreso saludó una nueva era de colaboración binacional. Pero ahora, con los derechos humanos relegados a la cuneta, la sociedad Mexicana y las relaciones México-Estados Unidos encaran un futuro militarizado donde el poder no acotado de unas fuerzas de seguridad ya abusivas, no resuelve la alarmante violencia del crimen organizado, sino antes bien, se añade a ella y la agrava.
En su primera entrega, el paquete de asistencia final, de $400 millones de dólares, difiere poco en contenido y concepto de la versión original que Bush presentó el 22 de octubre del año pasado. De acuerdo con la propuesta de Bush y la autorización de la Cámara de Representantes, el paquete entero de tres años podría distribuir hasta $1,600 millones de dólares a México, Centroamérica y El Caribe para su inversión en asistencia para seguridad y el diseño y aplicación de medidas antinarcóticos, antiterrorismo y para reforzar la seguridad fronteriza.
México y Estados Unidos enfrentan el desafío compartido de disminuir el crimen organizado trasnacional y deben colaborar para fortalecer el estado de derecho y detener el tráfico de drogas ilícitas y de armas en la frontera. Pero en su prisa por incorporar el Plan México a la iniciativa para asignar fondos suplementarios a Irak y demostrar su apoyo a México a los votantes latinos, muchos legisladores pasaron por alto los detalles específicos del Plan. La iniciativa contiene defectos estratégicos fatales. Su enfoque militar para resolver la lucha antidrogas provocará una escalada de violencia relacionada con las mismas, además de abusos contra los derechos humanos, y desembocará en la incapacidad de alcanzar sus propios objetivos.
Aunque se la presenta como un esfuerzo sin precedentes por combatir el extendido narcotráfico y la violencia ligada al crimen organizado en México, la llamada “Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional” rebasa por mucho la detención del flujo de drogas ilícitas. En lo fundamental, reestructura la relación binacional entre Estados Unidos y México; cambia la naturaleza de los problemas económicos y sociales presentándolos como asuntos de seguridad; y militariza a la sociedad mexicana.
Debido a los cambios realizados para lograr la aprobación del Plan, ahora deberemos esperar el informe de gastos de la Secretaría de Estado de EEUU a mediados de agosto para conocer los detalles exactos de gran parte del mismo. Conforme a la versión original de Bush, más de la mitad de la asistencia se destinaba a los efectivos militares y policíacos mexicanos con $205 mil millones de dólares solamente para el ejército. En la versión aprobada por el Congreso, la ayuda militar se redujo a $116,500 millones de dólares este primer año, lo que podría significar ya sea que se demorará la entrega de uno de las dos aeronaves de patrullaje marítimo de $50 millones de dólares cada una, y de algunos helicópteros patrulla de $13 millones de dólares cada uno, o que un porcentaje mayor de la asistencia se dará a las policías, o una combinación de ambas medidas.
La reducción de ayuda militar implicará una diferencia mínima en la práctica. Tanto el ejército como las policías han sido acusados de violaciones a los derechos humanos bien documentadas pero no resueltas legalmente. Al mismo tiempo, no se destina dinero alguno, en ninguno de los dos países, al tratamiento para la rehabilitación del uso de drogas ni para mitigar los daños que ellas provocan, y el colosal programa de “cooperación” ignora los graves problemas que existen dentro de Estados Unidos, es decir, ingreso de drogas ilícitas, florecientes venta y consumo de las mismas, tráfico de armas transfronterizo y lavado de dinero.
Este paquete asistencial ubicaría la relación binacional de Estados Unidos con uno de sus aliados más cercanos y sensibles dentro de una esfera de problemas de seguridad vagamente definidos. Si bien ordena un aumento formidable de ayuda a México, no incluye fondos para lidiar, por fin, con las necesidades de desarrollo y la alarmante pobreza de nuestro vecino del sur. Asimismo obliga a la administración entrante a proseguir la desastrosa estrategia antiterrorista de Bush compuesta de “diplomacia de cañón y primeros golpes”, y aplicarla en una nación vecina, justo cuando el público estadounidense está exigiendo un cambio de política exterior.
Ahora los miembros de grupos pro derechos humanos tanto en México como en Estados Unidos se ven sin más opción que supervisar los resultados de esta política equivocada. Esta labor debería llevarse a cabo con la mayor participación posibles de la ciudadanía, de tal manera que cuando llegue el momento de renovar asignaciones de fondos para el Plan México, éste sea evaluado con base en resultados reales y no en extravagancias políticas. Los congresos mexicano y estadounidense deben también insistir en que la estrategia de seguridad que esta asistencia apoya se evalúe sometiéndola a criterios específicos de revisión.
Para iniciar un debate público sobre los riesgos inherentes al Plan México, es importante en primer lugar comprender lo que es.
Leer Mas »
